En una entrevista en Radio La Unión, el abogado Fernando Micheletto, representante de los concejales Héctor Bareiro y Jorge Simbrón, denunció la venta irregular de 40 hectáreas municipales ubicadas frente a la Costanera Norte, sobre el río Paraguay.
El terreno —que pertenecía al Indert y pasó al municipio tras su urbanización— fue vendido por apenas USD 500 mil a una empresa boliviana presuntamente vinculada a un empresario de apellido Murillo, señalado como supuesto testaferro del expresidente Evo Morales. El valor real de las tierras rondaría los USD 15 millones.
Además, las tierras no estaban desocupadas: en el lugar vive la comunidad Yacarepito, cuyos habitantes continúan allí. La denuncia fue presentada hace cinco meses en Fiscalía sin avances visibles, generando sospechas de inacción y posibles intereses políticos detrás del caso.
Tras la denuncia por venta irregular de tierras, legisladores locales exigen respuesta urgente de la Fiscalía.
Organizaciones civiles y periodistas locales siguen de cerca la inacción de la institución a cinco meses de la denuncia.
Los habitantes originarios del predio en litigio rechazan cualquier proceso que los desplace de sus tierras ancestrales.
Las autoridades iraníes reafirman que cualquier acuerdo deberá garantizar el levantamiento total de sanciones. La tensión en el Golfo Pérsico se mantiene en niveles altos.
El Pentágono confirmó el desplazamiento de grupos de batalla de portaaviones en respuesta a movimientos militares iraníes en el estrecho de Ormuz.
El Consejo de Seguridad debate medidas para desescalar la tensión entre las dos potencias, mientras aliados europeos piden diálogo urgente.
Los mercados reaccionan nerviosamente. El crudo Brent supera los USD 92 por barril ante el riesgo de interrupción en el suministro del Golfo Pérsico.
La economía iraní, presionada por sanciones y su propia estructura política, enfrenta una encrucijada donde ceder significaría reconocer debilidad doméstica. El riesgo de miscalculation es el mayor peligro real.
El caso Yacarepito/Murillo expone cómo estructuras de poder bolivianas intentan penetrar mercados de tierras paraguayas. Un patrón que se repite en la región y requiere respuesta institucional coordinada.
Cinco meses sin avances en una denuncia documentada sobre tierras municipales vendidas por debajo del 3% de su valor real. La inacción institucional es, en sí misma, una señal de alerta para la democracia local.
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Fuente: Open-Meteo · Actualizado: